Imagen: (Manuela Giannarelli)
Escrito por: Joaquín de la Fuente Paz

Cuando surgió la oportunidad de escribir una reseña sobre las políticas en democracia de reconocimiento y búsqueda de desaparecidos durante la dictadura civil-militar, no pude evitar pensar en los binomios de la sociedad de la transición democrática. Sin dudas, a nivel político, la tensión entre el progreso y la conservación (el impulso y su freno), que históricamente se manifestaba en alianzas entre colorados y blancos ideológicamente afines, se transforma progresivamente en los últimos 15 años del siglo XX hasta tener una identificación político-partidaria casi plena, sustituyendo la eterna pugna entre blancos y colorados.

Si durante la mayor parte del siglo pasado la identidad blanca y colorada tuvo un rol privilegiado en la sociedad política uruguaya (privilegio sostenido por la siempre presente ingeniería electoral), por encima de inclinaciones ideológicas, el gran cambio que augura el siglo XXI es la alineación del voto con la ideología. En los veinte años que van entre 1985 y 2005, cada vez más elementos progresistas abandonan al Partido Colorado y al Partido Nacional, a la vez que cuadros ideológicamente conservadores abandonan al Frente Amplio. En los veinte años que van entre 2005 y 2025, surge la sensación de que esta escena permanece inmutable. Sin embargo, y esta hipótesis plantea más dudas que certezas, aún se mantienen las viejas estructuras sectarias, que materializan alianzas progresistas y conservadoras entre los partidos en materia de políticas de memoria y de búsqueda de desaparecidos.

El primer gobierno de José María Sanguinetti (1985-1990) abre el periodo de transición y restauración democrática. Las tensiones de una sociedad post-autoritaria se reflejan en el dilema existente entre una paz prolongada que permita reconstruir los traumas de una sociedad golpeada o una justicia que logre reparar las heridas del pasado. Sin lugar a dudas, el adalid de la paz será el propio Sanguinetti, hábil pactador del Club Naval, fue el arquitecto de la Ley de Caducidad (1986), que blindaba a militares y policías contra los potenciales juicios que fueran surgiendo en la restaurada democracia. Desde un lado se temía una reacción del ámbito castrense que retornara al país a la época de violencia y terrorismo de Estado; por el otro, se alegaba que la impunidad no era negociable y que la justicia debía juzgar a los criminales del pasado. Las demandas de justicia surgieron desde el Frente Amplio, las organizaciones sociales y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que impulsaron un referéndum contra esta ley en 1989. La derrota de la iniciativa popular (un 57% votó a favor de la ley) marcó el resto del periodo: la sociedad estaba más preocupada por la estabilidad que por la justicia. 

En 1985, el gobierno uruguayo reconoció la existencia de 164 desaparecidos durante la dictadura, pero evitó asumir responsabilidad estatal por esos crímenes. Solo con la Comisión para la Paz (2000-2005), bajo el gobierno colorado de Jorge Batlle, el Estado introdujo la figura del terrorismo de Estado para describir las desapariciones, marcando un giro simbólico. Este cambio puede analizarse desde dos dimensiones: una ideológica, vinculada al liberalismo de Batlle, que lo llevó a gestos inéditos en DDHH; y otra política, orientada a frenar la migración de sectores progresistas del Partido Colorado al Frente Amplio, erosionando el liderazgo de Julio María Sanguinetti dentro de su propio partido.

La narrativa de Sanguinetti, que atribuía sus acciones al pragmatismo para garantizar la estabilidad, resulta insuficiente para explicar su hostilidad activa: desde el veto a las exhumaciones en los 90 hasta el negacionismo del terrorismo de Estado en el siglo XXI, reforzado por un hostigamiento mediático a los familiares de víctimas. Batlle, en contraste, buscó capitalizar el reclamo de justicia: su recepción pública a Sara Méndez, Luisa Ibarburu y Luis Cuesta (madres y referentes de desaparecidos) no solo dignificó su lucha, sino que absorbió su discurso para los sectores progresistas de la política tradicional, convirtiendo su dolor en un instrumento de disputa partidaria. Así, mientras Batlle cosmetizaba la herencia autoritaria, Sanguinetti perpetuaba el pacto de silencio, revelando que ambos, desde trincheras distintas, priorizaron el cálculo político sobre la reparación histórica.

La victoria del Frente Amplio y de Tabaré Vázquez en las elecciones de 2004 suponen la llegada de un nuevo ciclo progresista, el cual auspició cambios en materia de DDHH y memoria. Se emprendieron las primeras investigaciones serias con equipos interdisciplinarios, a la vez que se excavaron sitios identificando al menos a diez desaparecidos. La Investigación Histórica Sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en Uruguay de 2008 supone un gran avance por parte del Poder Ejecutivo en materia de identificación de desaparecidos, centros de detención clandestinos, presos políticos, etc. Esta política rompía parcialmente con el mito que surgió en la era de Sanguinetti que oponía la gobernabilidad a la justicia, y primaba los reclamos desoídos sobre la memoria y la defensa de los derechos violados por el Estado entre 1973 y 1985. Demostraba así que el Estado podía llevar a cabo acciones sin poner en riesgo su estabilidad, y que las familias no estaban motivadas por rencor ni traumatizadas, como se indicaba desde sectores dominados por el sanguinettismo, sino que eran sujetos de derecho y agentes con una política de memoria clara.

A pesar de los vientos progresistas que la victoria del Frente Amplio trajo consigo, en su propio seno se encontraban elementos propios del pacto de silencio, que orbitaban ideológicamente entre la reacción y el silencio. El propio veto de Tabaré Vázquez a la derogación de la Ley de la Caducidad demostró contradicciones en el seno del gobierno, pero el caso más ilustrativo es el de Eleuterio Fernández Huidobro (1942-2016), ex tupamaro y Ministro de Defensa durante el gobierno de José Mujica (2010-2015), que ha sido calificado de mantener un silencio cómplice con las FFAA (Declaración de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, 23 de diciembre de 2014) al promover una política de reconciliación, que es identificada por familiares como otra defensa de la impunidad. Sus posiciones respecto a los juicios a militares y a los avances en la búsqueda de desaparecidos lo llevaron a fuertes roces con SERPAJ y otras organizaciones defensoras de DDHH, que en último lugar lo encontró con madres y familiares. De ahí se desencadenó una de las expresiones más célebres y tristes de Fernández Huidobro: que no hay avances en la búsqueda de desaparecidos debido a que no está permitida la tortura. Mujica responde de forma similar en 2018: “A veces hay cosas que no tienen otra respuesta que la tortura para encontrar la verdad”. Al indicarlo de esta manera, la culpa de la impunidad no es ni de Fernández Huidobro ni de Mujica, sino de la propia ley uruguaya que no otorga los medios necesarios para extraer la información. Habría que recordarles a quienes mantienen este nefasto discurso que aún existen miles de archivos con información capital que permanecen inaccesibles y restringidos por la ley militar, y que para consultarlos no es necesario ejercer tormentos sobre nadie. 

El sabor agridulce que cierra la gestión del Frente Amplio en 2020 permite la reflexión en varias claves. En primer lugar, existen sectores de los partidos políticos que impulsan políticas de memoria y de búsqueda de desaparecidos, a la vez que en los mismos partidos existen agentes de reacción. Sin dudas, los sectores dominados por ex integrantes del MLN han sido los más polémicos en este tema. Estas declaraciones no fueron lapsus, sino síntoma de un FA que, pese a su retórica, mantuvo intactos los pactos castrenses. Lucía Topolansky y Mujica, en su libro Los indomables (2024), insinuaron —sin pruebas— que militares fueron «condenados erróneamente», revelando una complicidad ideológica con sus antiguos verdugos. En segundo lugar, que pese a los avances logrados en el siglo XXI, se mantiene una continuidad en el privilegio de la estabilidad por sobre la justicia. El mayor debe del Frente Amplio en este asunto fue no solo no haber modificado las estructuras que garantizaban la impunidad, sino mantenerlas vigentes voluntariamente. El legado del FA es ambiguo: aunque se exhumaron más de 40 cuerpos, no desclasificó archivos militares ni enjuició a civiles cómplices. En tercer lugar, hay ideas que no logran cerrar. ¿Qué motivó a Mujica, Fernández Huidobro o a Topolansky para defender a esos “pobres viejitos”? De ahí surge la siguiente duda: ¿qué cuentas pendientes hay entre ex tupamaros y militares? ¿Por qué exguerrilleros como Mujica defendieron a sus torturadores? La respuesta no es clara, pero parece estar vinculada con las dinámicas que surgen de la Ley de Caducidad y alrededor de la cual se ha construido la política de los últimos cuarenta años. Los desaparecidos siguen siendo moneda de cambio en un juego donde izquierda y derecha, pese a su retórica, comparten un mandato no escrito: el pasado no debe interrumpir el presente.