Imagen: (Ro Cántaro)
Escrito por: Ignacio Rojí

Introducción

“En la ciudad la historia deja sus huellas. La ciudad es concreción de lo nuevo, a la vez que sustento de memoria colectiva. La ciudad es permanencia de pasado, afirmación de presente y proyección de futuro”. (Arana, 1983)

Montevideo, nuestra macrocéfala capital, adentra historia, cambios y correcciones en su territorio. Estas “huellas” (1) visibilizan y cuentan los problemas de nuestra capital, una ciudad que en esos momentos (1983) había sido dejada de lado, transformada por un boom constructivo que la cambió sin criterio y deshabitada en sus espacios públicos.

No todo empezó el 27 de junio de 1973. La caída del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) trae un cambio en el modelo de ciudad que se estaba planificando. El plan director, como gran plan de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se vio paralizado por la falta de presupuesto, la victoria del partido blanco en el consejo nacional de gobierno y —por primera y única vez en su historia— en la comuna capitalina (siendo en esa época el consejo departamental). Esta deriva lleva al inicio de políticas de austeridad que generan un aumento en la pobreza de la ciudad al no culminar los proyectos planificados en los gobiernos anteriores.

Este clima se acrecienta con la muerte del presidente Óscar Gestido, asumiendo su vicepresidente Jorge Pacheco de corte político autoritario, cimentando un clima de época, donde, aunque la orientación económica fue de estilo neoliberal —en conjunción con el uso de medidas prontas de seguridad e ilegalización y censura de diarios y partidos políticos—, las leyes aprobadas sobre la vivienda fueron innovadoras, de un pensamiento humanista y con un rol estatal no como facilitador, sino como agente “protector de los débiles”.

Lo público. (Espacios públicos)

Con el inicio de la dictadura cívico-militar, la vida pública se vio restringida de manera rotunda, no solo en las veredas y el asfalto, sino también en sus espacios verdes, plazas y parques. La prohibición del derecho a reunión y la vigilancia constante de la población en pro de buscar conductas “subversivas” instó al desuso de la ciudad y sus espacios, pasando a ser estos meros espacios de vigilancia y apreciación de los símbolos patrios.

Estos criterios para los espacios públicos (vigilancia, austeridad y símbolos) fueron los utilizados para la creación de espacios públicos en el periodo dictatorial: espacios donde la población no era eje ni parte de los mismos, ya que su utilización era la transmisión de una “patria autoritaria”. 

“Esa idea de nación que se postula en la dictadura se plasma también en el uso de los espacios públicos. Son espacios públicos bastante autorreferenciales, hechos no para el uso cotidiano y donde, en general, lo que hay es un homenaje a determinado símbolo abstracto, que es lo que congrega. Son espacios de contemplación y de conmemoración centralizados en torno a un gran emblema nacional que está promovido e impulsado explícitamente en dictadura”(2). 

Uno de los primeros ejemplos que surgen al pensar en esta definición es la Plaza Democracia, comúnmente conocida como “Plaza de la Bandera”.

Esta plaza destaca por —como dice su nombre— la bandera que se encuentra en el centro del espacio, siendo este su único atractivo, la representación directa de un símbolo de la iconografía nacional, y no el uso del espacio como lugar de esparcimiento y ocio, ya que estaban prohibidos.

La plaza —aunque actualmente presenta modificaciones a su proyecto original— aún retrotrae a su significado autoritario, que, en su diseño original, representaba de manera más directa el poder vertical de la dictadura al presentarse la plaza como un espacio vacío, simétrico y horizontal con un elemento en vertical (la bandera) que la representa. Este modelo también es claro al imaginar el siguiente ejemplo: la Plaza del Ejército.

La Plaza del Ejército —que tiene más rotonda que plaza— fue construida en 1976, siendo la declaración de intenciones más directa de los mandos militares hacia la construcción de una “nueva ciudadanía” o una “nueva orientalidad”.

Este espacio, al estar ubicado entre la intersección de Gral. Flores y Blvr. Batlle y Ordóñez, su uso por la ciudadanía es inexistente, por su alto tránsito de vehículos al ser un área de circulación y contemplación que no toma en cuenta al ciudadano como partícipe en el espacio.  En su interior, áreas verdes que no son pensadas para el esparcimiento, una mera decoración para reforzar una autoalabanza de grandeza, fuerza y austeridad en un espacio como la original plaza de la bandera, que presenta un plano horizontal y un monumento vertical con gran notoriedad en el centro de la rotonda, siendo esta plaza la más fiel representación simbólica de la dictadura cívico-militar.

Lo privado. (Vivienda)

En este contexto donde lo público se vio afectado, lo privado tampoco se libró de sufrir cambios que perduran hasta la actualidad como cicatrices de nuestro Montevideo. “El derecho de habitar de cada individuo en su planeta y en su nación sin precio ni permiso, es el mínimo de derecho humano, derecho que no ha sido reconocido ni bien establecido, a causa, principalmente, de que tanto los que defienden, como los que combaten el orden actual no distinguen bien el aspecto de la tierra como medio de habitación, de su aspecto como medio de producción”. (3) 

La vivienda sufrió muchos cambios al inicio y previo a la dictadura. Durante los periodos de los colegiados blancos (1959-1967), el monopolio estatal de la vivienda de interés social fue siendo relegado, por la mano del clientelismo, intereses corporativos y privados, que estaba tomando ya un lugar secundario por la ley de vivienda horizontal que permitió la construcción y producción de grandes edificios de manera más fácil y menos costosa para los privados. Esto no se vio impedido por la vuelta del partido colorado al gobierno, donde las distintas cámaras empresariales, ya participantes del gabinete ministerial, continuaron las lógicas clientelistas, pero con algunos retazos de leyes de un pensamiento distinto e innovador (como las mencionadas al inicio del texto).

Una de las primeras políticas de la dictadura fue la desregulación de alquileres. Estos estaban regulados desde la década de los 40 para la contención de precios, protegiendo a los inquilinos. Los inquilinos eran la parte económicamente más débil del vínculo contractual y los alquileres habían sido congelados de manera posterior desde 1952. La desregulación se realizó por el decreto 14.219 de “libre contratación de arrendamientos urbanos” en 1974. Esto aumentó el precio de los alquileres entre un 80% y un 110%. Esto generó un aumento en la trama urbana al desplazar poblaciones que no podían costear su vivienda. Esto también aumenta la especulación inmobiliaria, convirtiéndola más en una mercancía, encareciendo la vivienda y vaciando las zonas céntricas de Montevideo.

Ante el aumento masivo de poblaciones ubicadas en la periferia de Montevideo y zonas limítrofes de Canelones a causa de la desregulación de los alquileres, el gobierno de facto crea el Registro de Aspirantes a Vivienda de Emergencia (RAVE) para proveer de alojamiento a la gran cantidad de familias que se vieron afectadas por este brusco cambio de rumbo en la política de vivienda. Aun así, el RAVE no prosperó en su función, generando atrasos en la entrega de viviendas al no llegar a cumplir con los tiempos establecidos (un máximo de 36 meses), desalojando a los inquilinos y generando arrastres del Estado que perduraron hasta 2006 con la disolución del registro.

Estas políticas neoliberales sobre la vivienda generaron un boom en la construcción hasta 1982 con la “Crisis de la Tablita”. Este boom no fue dirigido a la urbanización de nuevos espacios en Montevideo, sino a la destrucción de viejas edificaciones en las zonas céntricas de la ciudad para el levantamiento de nuevos edificios destinados a la especulación inmobiliaria.

El Centro, pero especialmente Ciudad Vieja, fue la zona más afectada en la pérdida de patrimonio edilicio al ser, en 1979, por decreto, desafectadas más de 57 edificaciones y conjuntos urbanos de ser monumentos históricos, demoliendo así un 12% del casco histórico de la ciudad.

Final

Los problemas que han acarreado las políticas de vivienda de la dictadura cívico-militar siguen con nosotros. La desregulación de los alquileres, derivando en el masivo desplazamiento hacia zonas periféricas del área metropolitana, sigue siendo un asunto de preocupación para las distintas administraciones que pasaron por este país y por sus departamentos. Se tienen que pensar soluciones que puedan resolver problemas estructurales que garanticen el acceso a la vivienda como necesidad básica del ser humano, así como también garantizar el acceso a la circulación en la ciudad, no aislando a sus habitantes. Estas políticas deben ser pensadas no solo desde una perspectiva nacional, sino también departamental. No se va a resolver de la noche a la mañana, lleva tiempo y pienso de estas políticas. El corto plazo no resuelve las estructuras, solo rasca la superficie.

La ciudad guarda aún sus cicatrices de este oscuro periodo de nuestra historia; uno puede detectarlas siendo atento en un viaje en ómnibus o caminando por Montevideo. La dictadura hizo atrocidades que perduran hasta la actualidad, no solo en nuestros ciudadanos, sino en nuestra capital.

(1) Arana, M. (Director). (1983). ¿A quién le importa la ciudad? [Documental]. Grupo de Estudios Urbanos
(2) Alemán, L. (Los buenos orientales) [Podcast]. El Observador.Alemán, L. (s. f.).
(3) Vaz Ferreira, C. (1918). Sobre la propiedad de la tierra. Uruguay: Talleres gráficos A. Barreiro y Ramos.